La Paz. - Bolivia cumplió hoy dos meses de protestas continuas, convocadas para resistir el alza de los precios de los alimentos básicos y de las tarifas del transporte urbano, un movimiento que se originó con la fallida aplicación del denominado "gasolinazo" de fines de 2010.

Precisamente hace dos meses, el presidente boliviano Evo Morales autorizó el incremento de hasta un 83% por cada litro de gasolina y diesel para "nivelar" los precios subvencionados de los carburantes respecto a los estándares internacionales, indicó DPA.

La decisión desató una ola de protestas a escala nacional que obligó al gobierno de Morales a retirar la medida. Sin embargo, el alza de precios para varios productos, por efecto del "gasolinazo", se mantuvo vigente a pesar del rechazo ciudadano.

De hecho, los sindicatos de transportistas urbanos exigieron al gobierno una autorización para elevar sus tarifas hasta en un 30 por ciento, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) demandó subir el salario básico de 80 a 1.100 dólares.

El gobierno boliviano, a través del ministro de Trabajo Félix Rojas, rechazó este incremento, pero abrió un escenario de negociación que promete incrementar los salarios, además de la remuneración básica, por encima de la inflación de 2010, que llegó al 7,19%.

Por su parte, el ministro boliviano de Obras Públicas, Walter Delgadillo, informó que en el curso de las próximas horas se abrirá una negociación con los representantes del transporte urbano nacional, con la perspectiva de lograr acuerdos sobre las tarifas a cobrar.

"Estamos en estado de emergencia y en cualquier momento podemos convocar a un ampliado (reunión con todos los sectores) para debatir otras medidas", dijo el principal dirigente de la COB, Pedro Montes, en una entrevista concedida el viernes a varios medios de comunicación.

Anteriormente y por separado, transportistas urbanos y la COB ya cumplieron huelgas nacionales, sin contar las protestas departamentales que ambos sectores convocaron para que sus demandas sean atendidas por el gobierno boliviano.

En paralelo, la administración del presidente Morales tuvo que lidiar con una aguda crisis de provisión de azúcar, que se originó en la severa disminución de producción de caña, al tiempo que se incrementó el contrabando de este producto, especialmente a los mercados de Perú.

Ante este panorama, el gobierno, a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), elevó el costo del azúcar en el orden de un 60 por ciento y autorizó la importación de hasta un millón de quintales de este producto para frenar la carestía.

"Estos meses han sido de mucha incertidumbre para una buena parte de la ciudadanía, que demanda medidas concretas para mejorar su calidad de vida, para vivir bien", comentó el sociólogo Franco Gamboa.

Por su lado, el economista Gonzalo Chávez, a través de diversos foros, también ha reclamado a las autoridades "mayor certidumbre", pero para mejorar el escenario de las inversiones con decisiones y reglas claras.

De hecho, esta "incertidumbre" percibida desde varios sectores sociales también ha marcado un inédito distanciamiento entre Evo Morales y los principales sindicatos del país, que el 2010 llegaron a respaldar varias iniciativas del gobierno, como la nueva Ley de Pensiones.

Al momento sólo las organizaciones que agrupan a campesinos e indígenas mantienen un respaldo al presidente Evo Morales, mientras varias empresas encuestadoras apuntan una notable caída de la popularidad del presidente.

Desde luego, el gobierno boliviano no comparte estos resultados, aunque el presidente decidió acercarse a los sectores empresariales y al opositor gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en un hecho inédito hasta este año.